Albacoy es una agencia de detectives privados con licencia 1560 otorgada por el Ministerio de Interior a través de la Dirección General de la Policía. Es miembro colegiado por el Ilustre Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana (CODPCV) y miembro de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE) desde el año 2002, donde entró a formar parte de la junta directiva en el año 2009 como vocal y con las funciones de delegado de la Comunidad de Castilla La Mancha para la APDPE. Así mismo es miembro de la Asociación Nacional de Técnicos Universitarios en Documentoscopia (ANTUD).

Albacoy es una agencia moderna y dinámica, con más de 16 años de experiencia y que desde el año 2002 ejerce su actividad aportando soluciones a las necesidades de sus clientes. Empresas, bufetes de abogados, aseguradoras, mutuas, particulares, confían en Albacoy para obtener información y pruebas con las que consiguen la mejor solución a dilemas importantes.

En 2011 le fue otorgada por el Cuerpo Nacional de la Policía la mención honorífica tipo B por los méritos alcanzados en el desempeño de sus funciones de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
La satisfacción de nuestros clientes con nuestro trabajo es nuestro mejor aval.

Dossier Detectives Albacoy Evaa

Fuente: http://adeca.com/evaa/servicio-de-detectives-albacoy/

El convenio permitirá que el trabajo de los detectives privados se convierta en una herramienta más para localizar a los desaparecidos, “poner punto final al dolor de las familias y saber la verdad”, según explicó Jaime Amills, presidente de la asociación de familiares afectados.

Los detectives privados son los profesionales necesarios e idóneos para facilitar la resolución de las desapariciones de personas, sobre todo en aquellas en los que no se ha producido una actividad criminal (el 99% de los casos), por lo que no están sujetos por la actuación de oficio de la autoridad policial. España es pionera en Europa en poner los cimientos de este inicio de colaboración entre investigadores privados, familias y cuerpos policiales, y podría llegar a ser un referente internacional en materia de resolución de este tipo de casos.

Estas son dos de las conclusiones a las que se llegó en la I Jornada divulgativa organizada por la APDPE y la asociación Sosdesaparecidos, celebrada en el nuevo Centro Nacional de Desaparecidos de España. Los numerosos profesionales del sector de la investigación privada, que llenaban la sala, pudieron conocer de primera mano las posibilidades que su trabajo puede ofrecer a las familias que pasan por esta dolorosa situación; desde conseguir una pronta resolución del caso, hasta llegar con su investigación allí donde no pudieron hacerlo los miembros de los diferentes cuerpos policiales.

La colaboración de la APDPE

Las familias no dejan nunca de buscar a sus seres queridos, pero una vez se llega a un punto en el que la Policía no puede hacer más, hay que esperar a que se produzca una nueva pista o se abra otra posible vía de investigación. Es ahí donde todavía pueden contribuir los investigadores privados. La  contribución a crear una sociedad más justa ofreciendo su trabajo como herramienta es la intención que mueve a los detectives para querer colaborar en la localización de las personas desaparecidas. Consistiría en que una vez comunicada la desaparición, las personas interesadas se ponen en contacto con la APDPE y la investigación le toca por turno a un compañero o compañera que esté en una lista a tal efecto.

El trabajo de los detectives privados es complementario al de los CCyFF de la Seguridad del Estado, porque pueden realizar localizaciones de personas que hayan desaparecido de manera voluntaria o involuntaria, siempre que detrás de la desaparición no haya un presunto hecho delictivo. En cuanto tienen conocimiento de que ha podido producir un delito a través de las pruebas obtenidas, lainvestigación tiene que ponerse en manos de la autoridad policial, tal y como se recoge en la legislación que regula la actuación de los detectives y la colaboración con los cuerpos policiales.

Los asistentes a la jornada estuvieron de acuerdo en  que con los desaparecidos, sumar multiplica, que en los casos de desaparición las primeras horas son importantísimas y que muchas veces, cuando se produce una denuncia, salvo si hay indicios de que se trata de una desaparición forzosa, la alerta policial no es tan inmediata. En esos casos sí que la actividad privada puede ser clave para impulsar, y a la larga resolver la desaparición de una persona.

Los detectives son conscientes de que existe un amplísimo campo de actuación para ellos porque, según explicó Enrique Hormigo, presidente de la APDPE, “las desapariciones no son homogéneas. No todas se denuncian ante la Policía, por ejemplo por problemas familiares, personas radicales,pertenecientes a bandas, okupas… en cuyo caso la labor del detective privado puede ser la solución oportuna”.

La humanidad, la cercanía y la empatía con las familias, la posibilidad de obtener más información en el entorno de la persona desaparecida, al sentirse más libre, son herramientas emocionales propias de los investigadores privados, que pueden unirse y formar grupos de trabajo para ser, si cabe, más especializados y efectivos.

Entre las conclusiones de la jornada, la necesidad de establecer un protocolo para dotar de estructuras firmes y fluidas las futuras intervenciones, como por ejemplo, a la hora de saber si existe ya una investigación inicial antes de comenzar con el trabajo privado. Los profesionales vieron la necesidad de celebrar más jornadas puramente formativas para unificar metodologías de investigación y perfeccionar la colaboración basándose en la formación, la unión, la comunicación y la coordinación de personas y métodos.

Necesidades y herramientas de las familias

Como padre de un joven desparecido hace más de diez, Joaquin Amills ofreció la visión más humana y personal sobre cómo afecta el problema a las familias afectadas mediante la lectura de una emotiva carta que describe los sentimientos a los que se enfrentan los afectados. Para Amills, lo que une a las familias es “el amor por la persona desaparecida y la necesidad de saber la verdad de lo que pasó. No saberlo es un duelo congelado. Se llega a extremos tan duros como tener celos o envidia de la muerte, porque con ella ya se sabe la verdad y cierras el capítulo”.

El coordinador de la asociación de afectados, Francisco Manuel Jiménez, insistió en que se debía  desterrar la errónea idea de que una desaparición no se considera tal hasta las 24 o 48 horas. La recomendación de todos en la Jornada fue clara; no hay que esperar ni un instante en denunciar, porque las primeras 72 horas son esenciales para la resolución de la mayoría de los casos.Jiménez explicó las claves del funcionamiento de Sosdesaparecidos; cómo se produce la activación y desactivación de las alertas, qué datos se recogen para las mimas, cómo se utilizan las redes sociales que se han convertido en una herramienta esencial y el sistema mediante el cual detectan y filtran las pistas o alertas falsas.

Fríos datos que contienen grandes dramas

La jornada contó con la intervención de Jaime Cereceda, director del CND quien resumió el trabajo realizado desde que en 2010 se comenzó a crear la base de datos de personas desaparecidas y restos humanos hallados en España. Cereceda explicó que desde que se están grabando datos, en 2012, se han registrado 175.000 denuncias grabadas, que se resuelven el 98,5 de las denuncias por desaparición y que estas nunca prescriben,  “y siempre se seguirá investigando, aunque se llegue a producir el cierre de expedientes por falta de pruebas”.

También aportaron su experiencia la comandante de la Guardia Civil Alicia Vicente y el oficial de la Policía Nacional David Mera, quienes explicaron los distintos procedimientos que se siguen en lasinstituciones policiales tras recibir una denuncia por desaparición, se mostraron convencidos de los beneficios de la colaboración con la investigación privada y felicitaron la firma del convenio de colaboración entre los detectives y Sosdesaparecidos.

Fuente: https://cuadernosdeseguridad.com

Si su expareja convive en la vivienda familiar con una nueva pareja, a partir de ahora tendrá derecho a recuperar su parte de la vivienda, según establece la reciente sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, con la que se abre una nueva alternativa para los divorciados con hijos que quieran recuperar la parte de la vivienda que les pertenece.

La clave se centra ahora en poder demostrar que la expareja convive con otra persona en la que antes era nuestra casa, porque en todo procedimiento judicial se necesitan pruebas y, por tanto, acreditar esta nueva convivencia será fundamental para poder conseguir una modificación de medidas. En Legálitas han encontrado cinco claves para demostrar y acreditar esta convivencia:

Detective: la vía más efectiva, aunque también la más costosa, sería un informe de un detective privado que demostrase a través de un seguimiento continuado de aproximadamente una semana que ese tercero reside habitualmente en la vivienda que constituyó el domicilio familiar.
Vecinos: a través de los testimonios de vecinos o el portero de la finca que realicen declaraciones que acrediten esta convivencia.
Padrón: iniciado el procedimiento podría interesarse en la propia demanda que se requiera a la parte contraria para que aporte certificado de padrón o se realice averiguación domiciliaria por consulta a través del Punto de Encuentra Judicial.
La pareja y los hijos: en la demanda podremos, si conocemos la identidad de ese tercero, citarle al acto de la vista como testigo, para que declare sobre esta circunstancia; al igual que las partes, que podrán ser interrogadas sobre estos extremos. A través del examen de los menores, mayores de 12 años, podremos preguntarles con quién viven en su casa.
Correos o WhatsApp: finalmente podremos disponer de cualquier otro medio de prueba válido en derecho: correos electrónicos intercambiados entre las partes, comunicaciones a través de WhatsApp…
Cambio de precedente
La reciente sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo supone la tercera vía para recuperar la vivienda, y sienta jurisprudencia en relación que «la entrada de un tercero» en una vivienda, es decir, una nueva pareja de un padre o madre divorciado, hace desaparecer el «carácter familiar» del inmueble.

Por ello, el progenitor custodio pierde el derecho de uso de la vivienda por servir en su uso «a una familia distinta y diferente». Hasta ahora existían dos vías para recuperar la vivienda familiar en el caso de que la expareja viviera en ella con los hijos: la custodia compartida y esperar a que los hijos fueran mayores de edad.

Ahora existe una nueva y tercera alternativa, que ya venía siendo reivindicada por la sociedad y que evita de esta manera el abuso de derecho que ocurría en multitud de casos, además de proteger a la persona que no habita en la vivienda familiar, que en muchas ocasiones debía esperar hasta casi veinte años para poder disfrutar de su vivienda o liquidar la sociedad de gananciales, hasta que el hijo menor cumpliera la mayoría de edad. Ahora, acreditando que en la casa vive un tercero, no puede calificarse de «familiar» a una vivienda que no sirve para los fines de un extinto matrimonio, por lo que no tiene sentido que los hijos comunes y el progenitor que tenga la custodia, que vive con ellos, sigan manteniendo el uso de un inmueble que ya no sirve a los fines establecidos.

Solamente habitarán en la vivienda designada para ello los hijos, la expareja y su nueva pareja el tiempo estrictamente necesario para liquidar la sociedad de gananciales, es decir, para vender la vivienda, o para que uno de los dos compre la otra parte de la vivienda a la su expareja. Para poder recuperar la vivienda, los progenitores no custodios, es decir, que no habiten en la vivienda familiar, podrán interponer un procedimiento de modificación de medidas alegando que las circunstancias habidas y tenidas en cuenta en su momento por el juzgador para la determinación del uso y disfrute del inmueble a favor de los hijos han cambiado de manera significativa. Esto es así porque habría desaparecido la naturaleza familiar del domicilio, lo que permitiría eliminar el rigor del artículo 96 del Código Civil.

Esta nueva vía para desbloquear el uso de la vivienda familiar se suma a las ya existentes dos alternativas: la primera, solicitar el régimen de guardia y custodia compartida, según el artículo 92 del Código Civil, en el que según tiene establecido la jurisprudencia, no existe un único domicilio familiar, sino dos; y la segunda, esperar a que los hijos cumplan la mayoría de edad, que, según el artículo 96 del Código Civil, equipara la situación a que no hubiera hijos de por medio, ya que, cuando los hijos son menores, la vivienda se les atribuye a ellos, pero cuando cumplen la mayoría de edad esa situación desaparece.

Fuente: https://www.libremercado.com

Respecto a este asunto, hay que recordar que la pensión compensatoria es un derecho de un cónyuge frente al otro por el desequilibrio económico que le produce una crisis matrimonial, como la separación o el divorcio.

Pues bien, el pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo dictamina en una sentencia con fecha 18 de julio, número 453/2018, un recurso de casación en que se resuelve por primera vez el momento en que se produce la extinción de la compensación compensatoria por convivencia marital del ex cónyuge con un tercero.

El Tribunal diferencia entre la simple modificación y la extinción de la medida por haber perdido su razón de ser, como ocurre en el caso de la extinción de la pensión compensatoria.

Para saber las causas de la extinción tenemos que acudir al contenido del artículo 101 del Código Civil, – mientras que a la modificación de la pensión compensatoria se refiere debemos acudir al artículo 100 del Código Civil- y son: el cese de la causa que determinó su establecimiento, el hecho de contraer el acreedor nuevo matrimonio o el de vivir maritalmente con otra persona aunque no exista matrimonio, lo que se equipara a la situación anterior.

El Supremo sostiene que la causa de extinción consistente en contraer nuevo matrimonio tendrá que producir su efecto desde que este hecho se produce, sin tener importancia la fecha en que, conocida dicha situación, se interpone la demanda y se dicta sentencia decidiendo sobre la extinción.

Ahora bien, para acreditar la causa ‘vivir maritalmente con otra persona’, requiere que se prueben los requisitos de permanencia, duración y estabilidad como un proyecto de vida en común, y que esa relación sea publica y estable.

El deber de probarlo le corresponde a quien quiere extinguir la pensión compensatoria, siendo ésta posible válidamente en su práctica mediante informes de detectives privados, testificales del entorno de su círculo, como pueden ser amigos, familiares, vecinos; prueba de registros públicos, ayuntamientos, o incluso con publicaciones en redes sociales.

También se puede acreditar por tener a su disposición llaves del domicilio de la otra persona, placa en el buzón con su nombre, utilización del vehículo de la otra persona, acceso a la vivienda mencionada prácticamente a diario, accediendo a ella llegando vestida de una manera y saliendo de otra, etc.

Todo ello ha de hacerse valer en el procedimiento judicial de modificación de medidas cuyo objeto y petición inicial deberá ser la extinción de la pensión compensatoria.

Fuente: https://andaluciainformacion.es

Si no sabe la respuesta a estas preguntas, no se preocupe, no es el único. De hecho, la mayoría de la sociedad no sabe qué es lo que hace realmente un detective privado, cuál es su formación, o en qué términos es legal su contratación. Así que, el principal objetivo de este post, será intentar resolver esas dudas y dar un poco de luz a la labor de los detectives privados.

Para empezar, vamos ver lo que no son. Vamos a desterrar, de una vez por todas, la idea que nos hemos formado de que el detective es un señor con gabardina, lupa, sombrero y que fuma mucho. Tampoco son héroes desgraciados que, en el caso más importante de su vida, el malo se carga a alguien de su familia. Luego, por una mezcla de venganza y patriotismo, después de varias cosas que explotan y de unas cuantas persecuciones en coche, pistola en mano, mata al malo y salva a la humanidad. No son nada de eso.

Más bien (y aquí vamos a empezar a sorprendernos), yo cambiaría esa imagen por la de una chica joven, con al menos una carrera universitaria (obligatoriamente la de investigación privada, aunque muchos detectives además son licenciados en derecho, criminología, etc.), que tiene una buena formación en el ámbito legal y tecnológico; y que trabaja fundamentalmente aportando pruebas a los tribunales de justicia, en auxilio de los jueces y a instancia de alguna de las partes en el proceso judicial.

Véase que he dicho chica, y no porque tengan la exclusividad, que es evidente que no la tienen. Pero sí porque van ganando terreno (yo siempre he defendido que son mejores detectives ellas que ellos); y también porque quería enfatizar la diferencia de la realidad actual, con la imagen que tenemos del detective de las películas y que describíamos al principio.

Los detectives privados en España, son profesionales titulados universitarios, que prestan sus servicios a la sociedad a través de un despacho abierto al público, y que los puede contratar tanto personas físicas, como jurídicas a través de sus representantes legales. O sea, como un abogado, un médico, un arquitecto, o cualquier otro profesional que ofrece un servicio especializado.

Los profesionales de la investigación privada en España, están sometidos al ordenamiento jurídico igual que el resto de profesionales (C.E., LECrim, LECiv, etc.), pero además, tienen una legislación específica que regula su actividad. Se trata de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (el nuevo reglamento que desarrolla esta ley, sus señorías aún no han tenido tiempo de terminarlo en cuatro años, entiendo que por cuestiones políticas por todos conocidas, que afectan a nuestras cámaras legislativas). Sigue en vigor el antiguo reglamento de seguridad privada, Real Decreto 2364-1994, de 9 de diciembre, que desarrollaba la derogada ley 23-1992, de 30 de julio, de seguridad privada.

En dicha Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, a la que haremos referencia en varias ocasiones en este post, en su art. 29.1C, se especifica que, se necesita tener el título universitario de grado en investigación privada, o bien el curso de investigación privada reconocido por el Ministerio de Interior (antiguas diplomaturas universitarias de 180 créditos y tres años lectivos).

Esta regulación, y su exigente formación, hace que los detectives españoles sean un referente internacional para el resto de países.

Ahora bien, ya sabemos que los detectives privados son profesionales, con titulación universitaria y que prestan sus servicios de investigación privada como tales profesionales, pero ¿qué servicios prestan?, ¿para qué casos se les puede contratar?

Pues lo que la ley dice en su artículo 48 es que: “Los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consistirán en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con los siguientes aspectos:

1. Los relativos al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social….

Es decir, que se pueden usar los servicios de detective en cualquier circunstancia que se requiera información, o se tenga la necesidad de demostrar alguna actividad que le afecte a la defensa de sus intereses personales, siempre que estén dentro del ámbito privado (no del estado) y que tengan legitimidad para contratar. Quedarían excluidos los delitos públicos que para eso ya tenemos a los CFSE.

En la práctica, se realizan investigaciones de fraude a las aseguradoras, investigaciones en los procesos civiles de separación y divorcio (custodias u ocultación de patrimonio e ingresos), en el ámbito familiar (infidelidades, conductas adictivas, hijos), sector financiero, investigaciones informáticas, para las Mutuas de A.T. y E.P. (bajas laborales, incapacidades), Litigation Support, periciales caligráficas y una infinidad de servicios que iremos desglosando en otros posts más específicos.

 En el caso de las empresas, los servicios más demandados son:

• Bajas fingidas de trabajadores.
• Fugas de información y creación de empresas paralelas por el personal.
• Competencia desleal.
• Solvencia y localización de morosos.
• Control de agentes comerciales.
• Plagio de patentes, marcas y modelos de utilidad.
• Quebranto del secreto profesional.
• Intrusismo profesional.
• Informes comerciales (socios, fusión de empresas).
• Información de registros.
• Micrófonos ocultos.

¿Por qué contratar los servicios de detectives privados?

Los detectives son los únicos profesionales habilitados por el Ministerio de Interior de España, para realizar investigaciones privadas. Todos los detectives tienen un número de licencia o TIP (Tarjeta de identidad profesional), que les identifica.

De nuevo en la ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, en su art. 5, nos dice que los despachos de detectives podrán prestar, con carácter exclusivo y excluyente, servicios de investigación privada en relación a personas, hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de parte. O sea, ningún otro profesional puede investigar hechos o conductas privadas.

Los detectives privados ofrecen la garantía de una profesión regulada y sometida a controles periódicos de legalidad por parte de la administración.

Desarrollan su actividad con profesionalidad y solvencia, ya que conocen perfectamente los límites de la investigación en el ámbito privado, siendo esta una parte importante para la seguridad jurídica del cliente que solicita el servicio y del investigado. Nadie conoce mejor los límites de los derechos fundamentales; del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Por ejemplo, en el uso de imágenes grabadas con cámaras ocultas, o la entrada en lugares públicos o privados.

Contratar otros profesionales para hacer el trabajo de un detective privado (figuras como peritos investigadores, investigadores mercantiles, mystery shopper, criminólogos, etc.) puede conllevar la comisión de un delito de intrusismo para el contratado y una sanción administrativa para el cliente contratante que está tipificada como muy grave (castigada con pena pecuniaria de 20.000€ hasta 100.000€). Además, ¿Ha pensado que pasaría si, por ejemplo, el investigado le pone una denuncia por investigarle? Pues si ha contratado a un detective privado, no pasa nada. El propio detective es el garante de la legalidad tanto para su cliente, como para el investigado.

¿Y a la hora de aportar los informes ante los tribunales de justicia? Pues si los ha hecho un detective privado con licencia en vigor, los informes tienen total validez y se pueden aportar con garantías. El detective emisor del informe, irá al juzgado a ratificarse y a testificar defendiendo los derechos de su cliente. Sin embargo, si ha contratado otros profesionales, hay muchas posibilidades de que esos informes no le sirvan, por ser información obtenida irregularmente o vulnerando derechos del investigado. O sea, hemos tirado el dinero y nos hemos arriesgado a cometer una infracción castigada con hasta 100.000€. Eso sin entrar a valorar los resultados, o la profesionalidad, de alguien que no se ha formado para el trabajo que quiere desarrollar.

No arriesgaríamos contratando a un pseudocirujano porque sea más barato, o porque nos dice él que puede hacer lo mismo que el médico cirujano. En las cosas importantes no nos podemos arriesgar. Cuando necesite información, demostrar alguna conducta u obtener pruebas, contrate a un profesional legalmente acreditado. Su caso seguro que es importante para usted y su futuro puede depender de la información que obtenga. No se arriesgue.

Contratar a Detectives Albacoy le aporta una serie de ventajas:

• Contratación de profesionales legalmente habilitados por el Ministerio de Interior.
• Profesionales colegiados en el Ilustre Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana (CODPCV) y miembro de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE).
• Tener a su disposición una agencia con solvencia acreditada. Condecorada por el Cuerpo Nacional de la Policía la mención honorífica tipo B.
• Trabajar con una agencia con experiencia con más de 3000 casos realizados, puntera en el sector de la investigación privada y con la última tecnología en investigación.
• Asesoramiento técnico personalizado en función de las necesidades de su caso.
• Seguridad jurídica. Contar con la incorporación inmediata de los últimos cambios legislativos en el ámbito de la investigación privada.
• Obtención de información veraz, actualizada y contrastada.
• Pruebas legales y eficaces para usar ante los tribunales.

El fraude a los seguros de coches sale caro a las aseguradoras.

12.000 euros por siniestro falso, jóvenes de 18 a 24 años, desempleados o con un trabajo precario. Ese es el perfil del fraude a los seguros de automóvil en España. Al año detectan que 6 de cada 100 partes son falsos. El valor de lo reclamado asciende a 833 millones al año. Pero no sólo están los engaños particulares, sino cada vez preocupan más las mafias. Grupos organizados violentos que defraudan sistemáticamente a las compañías. Son peligrosos, porque no sólo simulan accidentes como el de los jóvenes de Cartagena, sino que también los provocan contra personas inocentes. Según las aseguradoras, los fraudes encarecen las pólizas en torno a unos 30 euros al año.

Fuente: Telecinco

Desmontamos siete mitos que circulan en España sobre la profesión del investigador privado.

1. “Cualquiera puede ser detective”.
Para obtener la licencia oficial de detective, hay que cumplir una serie de condiciones, entre ellas superar pruebas físicas y psíquicas, poseer un diploma específico, no ser funcionario, no tener antecedentes penales… entre otras muchas incompatibilidades.

La formación de detective privado está regulada por el ministerio de Educación. Se imparte en 17 universidades españolas públicas o privadas. Con 1800 horas y tres cursos se puede obtener el equivalente a una diplomatura. El título universitario en Crimilogía especializado en detective requiere cuatro años de estudios. La licencia de detective la expide el ministerio de Interior.

2. “Es un sector que no está controlado”.
Los detectives están regulados por ley, concretamente por la 23/1992 del 30 de julio de 1992. La parte que hace referencia a los detectives puede leerse aquí http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l23-1992.html#c3s6?
Además, la policía nacional lleva un registro tanto de todos los detectives que hay en España como de sus actividades (pero en ningún caso de los clientes o del contenido de las investigaciones).

3. “Los detectives pueden investigar a cualquiera y cualquier cosa y no les pasa nada”.
Los detectives no pueden investigar acciones que por su naturaleza son perseguibles de oficio.
La responsabilidad de una investigación viee determinada por factores que deben ser analizados en cada caso particular. Como se explica en página guiadetective.com, los detectives privados solo estamos legitimados para realizar una investigación cuando exista causa legítima, pero puede darse el caso de que un cliente engañe de mala fe al detective, alegando que está legitimado, y en realidad no es así, siendo en este caso la responsabilidad del cliente.
Por otro lado, un detective debe conocer cuáles son sus límites legales y no sobrepasarlos, exponiéndose a cometer un acto delictivo o una falta administrativa, siendo totalmente responsable el mismo.

4. “Cuando graban conversaciones privadas, incumplen la ley”
Sería ilegal sólo si ninguna de las personas afectadas por la grabación ha dado su consentimiento o si las grabaciones son usadas para fines no lícitos (extorsiones, chantajes, difamación, etc)

5. “Cuando trabajan conocen delitos y se callan”
Por ley, todo ciudadano está obligado a avisar a las autoridades si presencia un delito, y los detectives están especialmente obligados a ello. Como suelen pasar mucho tiempo en la calle haciendo seguimientos o vigilancia, es frecuente que ayuden a la policía en delitos relacionados con el tráfico de droga o las falsificaciones de marcas, poniendo a disposición de la Justicia la información necesaria.

6. “La mayoría de los detectives son ex policías”
Al principio muchos policías retirados colaboraban con las agencias de detectives, pero ya no es así, como explica la presidenta de los detectives españoles en esta entrevista, hace tiempo que el perfil profesional cambió. La mayoría está vinculado al mundo del derecho y a las empresas de seguridad.

7. “Los detectives investigan sobre todo asuntos sentimentales”
La investigaciones por infidelidad han bajado en la medida que ya no constituyen delito y no se presentan como prueba para los juicios de divorcio. Ahora son las cuestiones laborales y empresariales las demandas más habituales a las agencias de investigación: supuestas bajas fraudulentas, acosos laborales, variación de las condiciones de pensiones alimenticias, etc.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com

Las aseguradoras utilizan a los detectives para cazar a los tramposos. Con ellos evitan un fraude de 411 millones de euros. Gastan casi diez millones de euros al año en investigadores, pero les salen las cuentas. Por cada euro que invierten en un detective se ahorran más de 40. Por eso las grandes empresas recurren a ellos cada vez más.

Las pruebas que aportan son un as bajo la manga. Los ocupantes de un coche están fuera cuando este recibe un golpe en una gasolinera. Pero días después reclaman una indemnización de 3.500 euros cada uno, por un supuesto esguince cervical.

Fuente: La Sexta